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RCA se juntou a organizações da América Latina e Caribe para exigir respeito aos direitos dos defensores de direitos humanos e medidas para combater a corrupção em megaprojetos de infra-estrutura

SOCIEDAD CIVIL DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EXIGE SE ASEGUREN DERECHOS DE DEFENSORES Y DEFENSORAS, Y NO SE REPITA LA CORRUPCIÓN EN LICITACIONES DE MEGAPROYECTOS

En América Latina y el Caribe se ha privilegiado el modelo de desarrollo basado en la promoción de las inversiones con énfasis en proyectos extractivos y de infraestructura, bajo la promesa de empleo, renta y desarrollo.  En ese sentido, durante los últimos años, nuestros gobiernos han  adoptado una estrategia de desregulación y flexibilización de estándares socio-ambientales.

Estos procesos de debilitamiento de estándares socio-ambientales, indican que el desorden regulatorio, los diversos trámites administrativos, los largos procesos de consulta previa, la fiscalización ambiental y evaluación ambiental en el sector extractivo y de infraestructura limitan las inversiones, y lo urgente es la aceleración del ciclo de proyectos. La realidad es que el desarrollo no ha llegado a las poblaciones que viven en las áreas de influencia de los proyectos, cuando son ellas quienes asumen los costos de los impactossociales y ambientales.

Asimismo, en la actualidad se viene promoviendo desde la banca multilateral, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el cambio de sus políticas de salvaguardas para reducir estándares ambientales y sociales, ensalvaguardas que supuestamente apoyaban: los estudios de impacto ambiental, la consulta previa, la transparencia, entre otros. Además, los bancos chinos y brasileños han iniciado una rápida expansión ofreciendo menos controles institucionales, con un sistema de toma de decisiones más discrecional, es decir, menos requisitos, plazos más cortos y mayor flexibilidad para la aprobación de sus proyectos. Esto ha conllevado conflictos socio-ambientales en los proyectos financiados, debido a las débiles y en algunos casos nulas salvaguardas. Lo que podría terminar en mayor corrupción.

Hoy en día tenemos cientos de defensoras y defensores ambientales asesinados por defender sus territorios y sus vidas, también numerosos casos de desastres ambientales sin reparar y de persecución a líderes, por lo que el debilitamiento de la normativa ambiental y social vienen acentuando dicha situación. De otro lado, los escándalos de corrupción en la región (Odebrecht), evidencian que la excesiva discrecionalidad de los funcionarios y la falta de efectivos controles institucionales-técnicos deben revertirse, por lo que es necesario un mayor control y transparencia de estos procesos.

En ese marco, varios gobiernos vienen abordando el derecho de acceso a la información pública como un mero trámite administrativo, sin tomar en cuenta que es un derecho humano instrumental a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, que coadyuva a la adecuada y oportuna participación ciudadana y consulta previa libre e informada. En esa línea, preocupa que varias iniciativas internacionales sobre transparencia y acceso a la información no puedan seguir avanzando adecuadamente pues existe el riesgo de que se busque disminuir los estándares, como es el caso del AcuerdoRegional del Principio 10.

De este modo, no podemos permitir que bajo el discurso del crecimiento económico se siga mermando la vida, la salud, el ambiente e incluso el presupuesto de nuestros países, así como otros derechos fundamentales de los y las ciudadanas. Por ello, las organizaciones indígenas y de sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe (LAC) exigimos un estándar socio-ambiental y de transparencia que incluya:

  1. Estudios de prefactibilidad, factibilidad económica y evaluaciones ambientales que calculen con mayor rigurosidad los costos socio-ambientales de los proyectos, así como los planes, políticas y programas de inversión, con el fin de buscar inversiones sostenibles.
  2. Respeto y no debilitamiento de los sistemas de evaluación ambiental de los países, asegurando que las evaluaciones de estudios de impacto ambiental integren procesos de participación ciudadanacon información clara, accesible y oportuna en al menos tres momentos antes de la aprobación del EIA.
  3. Políticas públicas que garanticen que los recursos derivados de la inversión, sirvan para constituir seguros de remediación en caso de desastres ambientales, así como programas de desarrollo local sostenible. Todo esto sobre la base de procesos participativos con enfoque de género.
  4. El cumplimiento por parte de los gobiernos del derecho a la consulta previa procurando el consentimiento previo libre e informado, el derecho al territorio y a políticas interculturales para los pueblos indígenas, de acuerdo a lo señalado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) instrumento que ha sustentado las resoluciones y sentencias de la Corte IDH sobre el caso Saracama vs Surname (2008) y Sarayaku (2011) y en el marco del Convenio 169 de la OIT. Se debe tener en cuenta los momentos que permitan influir directamente en las decisiones que puedan afectar derechos como antes de la aprobación de un EIA.
  5. El cumplimiento por parte de los gobiernos de derechos fundamentales como la participación ciudadana y el acceso a la información en todo el ciclo del proyecto desde la licitación, aprobación y fiscalización, siendo importante que la información llegue a las poblaciones locales de manera efectiva, oportuna y clara.
  6. Transparencia en las licitaciones de proyectos buscando no repetir los errores que han sido aprovechados por aquellos que se han servido de la corrupción para ganar concesiones que han generado graves impactos al medio ambiente y a la población.
  7. La noregresión en las negociaciones para un Acuerdo Regional sobre el Principio 10, que afectaría lo avanzado en cada país y en la región. Por ello, exigimos que a través de este acuerdo se garantice el acceso a la información, la participación, y la justicia ambiental con altos estándares en la región.
  8. Que los informes EITI de los países incluyan información socio-ambiental, como tema indispensable para fortalecer la confianza entre sociedad civil, empresas y gobiernos. El estándar se tiene que ampliar y no tratar de reducir la transparencia fiscal y tributaria ya lograda.
  9. Que los procesos para la elaboración de los Planes de Trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto de los países sean realmente participativos y con compromisos ambiciosos, medibles y relevantes.
  10. Fortalecer y no debilitar las salvaguardas en la banca para el desarrollo a fin que respondan a los nuevos problemas que afronta la región y que no financie proyectos que no cumplan con las garantías mínimas (seguridad territorial, derechos humanos, transparencia, participación y gobernanza ambiental).
  11. Fortalecer mecanismos nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos (salud, ambiente, acceso a la información, entre otros), especialmente de los defensores y defensoras del ambiente frente a proyectos que impacten sus territorios. Así como, hacer las reformas políticas y normativas necesarias para acabar con la criminalización de la protesta y la persecución política hacia ellos.

Estas propuestas parten de la Cuarta Reunión  Regional “Derechos humanos, transparencia e inversiones: Consolidando una agenda en común”, realizada el 31 de agosto de 2017, en Lima (Perú), donde organizaciones de la sociedad civil de LAC nos reunimos como una red de intercambio de información, producción de conocimiento e incidencia que aborde tres aspectos fundamentales para la gobernanza socio-ambiental: transparencia, gestión socio-ambiental y los derechos humanos, en el marco de los megaproyectos en extractivas e infraestructura. Hagamos la reforma ahora.

Firman:

  1. Acción Ciudadana, “Capítulo Guatemalteco de Transparencia Internacional”
  2. Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, Colombia)
  3. Asociación Servicios a Programas de Desarrollo e Investigación (ASOSEPRODI, Guatemala)
  4. Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador)
  5. Centro Humboldt (Nicaragua)
  6. Centro Nacional de Información e Investigación en Desastres y Desarrollo (CENACIDE, Guatemala)
  7. Coalición Regional por la Transparencia y la Participación
  8. Comunicación y Educación Ambiental (México)
  9. CooperAcción (Perú)
  10. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
  11. Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE, República Dominicana)
  12. Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH, Honduras).
  13. Fundación Grupo Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA Ambiental, República Dominicana)
  14. Fundar – Centro de Análisis e Investigación (México)
  15. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps, Argentina)
  16. Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés)
  17. Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI)
  18. International Rivers (IR, Brasil)
  19. Observatorio de Políticas Públicas de Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD, República Dominicana)
  20. Rede de Cooperação Amazônica (RCA, Brasil)
  1. Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala)
  2. Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER, México)

Documento aponta diretrizes para continuidade da implementação da PNGATI

Lideranças indígenas e representantes de organizações indigenistas produziram um documento público com diretrizes fundamentais para assegurar continuidade da implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial (PNGATI). O texto é resultado dos debates ocorridos durante os dois dias do Seminário Nacional 5 anos da PNGATI), que aconteceu na última semana, em Brasília.
Entre os pontos principais, ficaram estabelecidos a necessidade de convocação da I Conferência Nacional da PNGATI; a definição de uma instância administrativa na estrutura do Ministério do Meio Ambiente (MMA); a elaboração de um projeto para garantir recursos e condições para o monitoramento das ações da PNGATI; a reativação do Conselho Nacional de Políticas indigenistas (CNPI); e a instalação dos Comitês Regionais em todos os Conselhos Regionais da Funai.
Também ficou estabelecido o  monitoramento em vários níveis dos eixos da Política; a atuação junto aos estados para que os recursos do ICMS Ecológico sejam investidos nas Terras Indígenas; e os protocolos de consulta de cada povo ou Terra Indígena, como salvaguarda da autonomia frente aos avanços de propostas de desenvolvimento.
Ao longo dos dois dias, o protagonismo indígena na construção da PNGATI foi bastante ressaltado pelos participantes, que avaliaram a Política como o maior avanço conquistado pelos povos indígenas na área da gestão autônoma e sustentável de seus territórios tradicionalmente ocupados em todo o país.
O documento denuncia que a Política esta em risco de enfraquecimento e desmonte, em decorrência dos limites orçamentários estabelecidos pela emenda constitucional número 95, e em função da postura do Governo Federal que são contrárias aos direitos indígenas e à própria política indigenista. “Pois sua prioridade é entregar os territórios nas mãos do agronegócio e das grandes mineradoras”, cita o documento.
O sucateamento dos órgãos públicos voltados às políticas indigenistas e a falta de recursos orçamentários, também foram levantados pelo documento como situações que fragilizam a implementação da PNGATI.
O documento cita como exemplo a atual situação Funai, que passa “por um processo de aparelhamento e por um desmonte estrutural do ponto de vista orçamentário e político, tendo em vista as concretas dificuldades em fazer cumprir sua atribuição constitucional”.

Para acessar o DOCUMENTO FINAL.

Seminário marcará os 5 anos da PNGATI

Seminário promovido pelo movimento indígena e entidades socioambientais e indigenistas avalia os 5 anos de implementação da PNGATI

A Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas (PNGATI), criada por decreto presidencial em 2012, será objeto de avaliação no “Seminário Nacional 5 anos da PNGATI: Desafios e perspectivas para a implementação da política de gestão de terras indígenas” a ser realizado em Brasília – DF, nos dias 5 e 6 de outubro de 2017.
O objetivo do evento é promover a reflexão sobre os cinco anos da implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), a partir de diversos olhares de atores envolvidos em processos de gestão das Terras Indígenas. Pretende avaliar os desafios e apontar perspectivas para a continuidade da execução e o monitoramento do Plano Integrado de Implementação da PNGATI, lançado em 2016.
Farão parte da programação do seminário a discussão sobre os temas da governança, da implementação e financiamento, do monitoramento da Política e a elaboração de um documento público com  propostas concretas para a continuidade da implementação da PNGATI.

Participarão do seminário lideranças indígenas e representantes de organizações indigenistas, universidades, órgãos governamentais e instituições da cooperação internacional.

A PNGATI foi uma política gestada a partir de um amplo processo de consulta com lideranças indígenas em todo o Brasil. É uma das poucas políticas positivas do governo federal para os territórios indígenas. Passados cinco anos de sua promulgação, avaliamos que é um momento oportuno para uma avaliação do que foi conquistado até aqui, avaliar os impasses e dificuldades e pensar caminhos para sua efetivação. Isso ganha maior relevância nesse momento político em que o governo impõe uma dura política de austeridade fiscal, reduzindo drasticamente o orçamento da Funai, o que tem impacto direto na implementação da PNGATI. É importante que a sociedade civil se posicione nesse contexto e que sejam garantidas condições para a gestão das terras indígenas”, pondera Luis Donisete Benzi Grupioni, secretário executivo da Rede de Cooperação Amazônica (RCA).

O evento é organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), Centro de Trabalho Indigenista (CTI), Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé) e Instituto Socioambiental (ISA), e conta com apoio da Fundação Moore, Rede de Cooperação Amazônica (RCA) e Rainforest Foundation Noruega (RFN).

 

Representantes indígenas da RCA e CIMC realizam seminário na Câmara dos Deputados

O terceiro e último módulo da Formação em Mudanças Climáticas e Incidência Política, promovido pela RCA em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA) e apoio da RFN, terá em seu fechamento a realização do Seminário na Câmara dos Deputados “PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS DOS POVOS INDÍGENAS NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS”.
Promovido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com o apoio do Deputado Nilto Tatto (SP), o seminário ocorrerá no dia 03 de outubro a partir das 9 horas no Plenário 2 da Câmara dos Deputados em Brasília. Os representantes indígenas da RCA e do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas (CIMC) apresentarão suas percepções e experiências das comunidades indígenas em relação às mudanças do clima, seus impactos e estratégias de adaptação.

A entrada do seminário é aberta e gratuita, o mesmo será transmitido ao vivo pela internet através do link: https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/437

 Para acessar a Programação do Seminário.

Nota da sociedade civil sobre a Revisão Periódica Universal do Brasil na ONU

Quinze organizações da sociedade civil, entre elas a Rede de Cooperação Amazônica (RCA), soltam nota em conjunto sobre o posicionamento do Brasil em relação as recomendações recebidas no Conselho de Direitos Humanos da ONU no processo de Revisão Periódica Universal.

 NOTA DA SOCIEDADE CIVIL SOBRE RPU BRASIL 2017

As organizações da sociedade civil brasileira presentes no processo de Revisão Periódica Universal do Brasil nas Nações Unidas (ONU) manifestam sua posição sobre o processo e sobre os resultados. Esta é terceira avaliação da situação dos direitos humanos no Brasil. No dia 21 de setembro, durante a 36ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, o Estado brasileiro aceitou 242 e tomou nota de quatro, das 246 recomendações feitas por 103 países.

As organizações entendem que a aceitação das recomendações é uma demonstração da necessidade de avançar na realização dos direitos humanos no Brasil. Contudo, questionam sobre o real compromisso do governo brasileiro perante a ONU e à sociedade nacional com relação à implementação. Recomendações adotadas nos dois ciclos avaliativos anteriores ainda não foram efetivadas, dentre elas por exemplo as demarcações de terras indígenas Guarani e Kaiowá. Frente à crise política, o rompimento democrático e as graves medidas de austeridade econômica que atingem a toda a população e, particularmente, os mais pobres e vulneráveis torna-se inviável transformar os compromissos anunciados em ação.

As organizações manifestam profundo desacordo com a intervenção do Estado brasileiro na sessão do Conselho por não corresponder à realidade. O governo se recusa a reconhecer o cenário de graves violações de direitos humanos no Brasil e os inúmeros desafios para o futuro. Para a missão brasileira na ONU todos os retrocessos em direitos trabalhistas, as reduções nos gastos sociais e o ajuste fiscal não comprometem as políticas para a realização dos direitos humanos no Brasil. Para as organizações, tais reformas e cortes orçamentários aprofundarão as desigualdades e as violações.

O futuro anunciado pelo governo é de que 2018 será de retomada de um “ciclo virtuoso de crescimento”, porém é muito difícil de acreditar que as recomendações feitas no RPU tenham condições de efetivação se forem mantidas medidas como a Emenda Constitucional nº 95/2016, a realização da Reforma da Previdência e a proposta de orçamento público federal para 2018 que diminui drasticamente os recursos públicos para áreas fundamentais. O orçamento 2018 proposto pelo governo corta em áreas como o direito à cidade (moradia, saneamento, mobilidade), que terá 86% menos recursos que em 2017; a assistência social, que terá 98% a menos; a ciência e tecnologia, que terá 27% a menos; o meio ambiente, que terá 18% a menos; a promoção da igualdade racial, que terá 74% a menos e a garantia dos direitos das mulheres, que terá 34% a menos. E mais, mesmo com a possibilidade do Brasil voltar ao Mapa da Fome, há redução prevista para o Bolsa Família em 11%, e de 85% para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e para a implantação do Programa de cisternas no semiárido, projeto recém premiado na ONU. Aprofundando o quadro de violações dos direitos dos povos indígenas, em 2018 a Funai sofrerá um corte de mais de 90%, comparado a 2013.

Durante o período de consideração das recomendações pelo Estado brasileiro, entre maio e agosto, houve uma consulta pública online e foi realizada uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados com a presença do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério das Relações Exteriores. No entanto, é incerto o quanto o governo brasileiro levou em consideração esses processos durante a tomada de decisão em relação às recomendações recebidas no âmbito da RPU e, apesar do compromisso feito pelo MDH, até o momento não foi divulgado o resultado da consulta pública. Infelizmente, o governo brasileiro também não divulgou publicamente a resposta enviada às Nações Unidas no dia do seu envio, cabendo somente à ONU a publicação em seu site, em inglês, da resposta enviada pelo Brasil, o que acabou por restringir o amplo acesso dessa resposta pela sociedade brasileira. Por isso, a sociedade civil considera insatisfatório o processo de informação, consulta e participação social. O diálogo propagado pelo governo foi limitado e, ademais, conselhos de participação e controle social existentes não foram envolvidos no processo. Em Genebra, a missão diplomática apenas cumpriu formalidades.

Por tudo isso, a sociedade civil brasileira que acompanhou o processo do RPU sai deste momento com uma certeza: somente fazendo respeitar os mecanismos democráticos é que o governo poderá engajar-se efetivamente na agenda de promoção e proteção dos direitos humanos. Até lá o Brasil segue sendo um país extremamente desigual, violento e que discrimina e marginaliza amplos segmentos que conformam a sociedade.

Não aceitamos que os mais pobres paguem as contas dos custos do ajuste estrutural. Não aceitamos retrocessos em direitos humanos. Nenhum direito a menos. Todos os direitos para todas as pessoas. Demarcações já. Mais direitos, mais democracia.

Genebra, 22 de setembro de 2017.

 

Assinam a nota:

Anistia Internacional Brasil

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)

Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil

Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Conectas Direitos Humanos

Conselho Indigenista Missionário (CIMI)

Grande Assembleia dos Guarani-Kaiowa (Aty Guasu)

Instituto Desenvolvimento e Direitos Humanos (IDDH)

Justiça Global

Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH)

Observatório Nacional das Políticas de Aids (ABIA)

Plataforma de Direitos Humanos (DhESCA Brasil)

Rede de Cooperação Amazônica (RCA)

Rede Internacional pelo Direito Humano à Alimentação (FIAN Brasil e FIAN Internacional)

Rede Internacional de Direitos Humanos (RIDH)

Organizações denunciam violação de direitos dos povos indígenas na ONU

Durante a 36ª. Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, organizações da sociedade civil explicitam as contradições dos atos do governo de Michel Temer com os compromissos do Brasil na ONU.

No diálogo interativo com a Relatora Especial sobre Direitos dos Povos Indígenas, Victória Tauli-Corpuz, representantes de organizações da sociedade civil, entre elas Aty Guasu, Apib, Conectas, CIMI, Plataforma Dhesca e RCA, afirmaram que os compromissos assumidos pelo Brasil no plenário do Conselho de Direitos Humanos, após visita da relatora ao país, não estão sendo cumpridos. Ao contrário, o governo tem atuado no sentido de restringir direitos e fragilizar a proteção aos povos indígenas. Foram levados ao conhecimento dos membros do Conselho da ONU, o Parecer da Advocacia Geral da União que impõe a tese do marco temporal e viola o direito de consulta; a revogação da portaria declaratória da Terra Indígena Jaraguá; a drástica redução no orçamento da Funai para 2018; a criminalização e morte de lideranças; o massacre de isolados no Vale do Javari; e a situação de crise humanitária dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul.

Voninho Benites, da Grande Assembléia Aty Guasu, denunciou que o STF anulou a demarcação da Terra Indígena Guyraroká, aplicando a tese do Marco Temporal. “ Como poderíamos estar na terra (em 1988) se o próprio Estado nos expulsou de lá?” O representante do segundo maior povo indígena do Brasil, Voninho Benites, demandou que o Conselho de Direitos Humanos da ONU tome medidas urgentes frente a grave crise humanitária que vivem. “Já são 750 suicídios e 450 assassinatos de Guarani se Kaiowás. Não aceitaremos esta realidade. Seguiremos resistindo e demarcando nossa terra com nosso próprio sangue.”

As críticas ao governo brasileiro no plenário do Conselho motivaram a presença da Embaixadora do Brasil na ONU, Maria Nazaré Azevedo, que se deslocou da sede da missão brasileira para solicitar direito de resposta. Em seu pronunciamento, a embaixadora afirmou que o governo declarou 01 terra indígena no estado do Amazonas e investe 700 milhões de dólares na saúde indígena. Repetindo a velha ladainha de comparar terras demarcadas pelos governos anteriores com a extensão de certos países europeus, a Embaixadora se esquivou de responder aos questionamentos colocados sobre o sucateamento da Funai mas afirmou “o governo brasileiro está trabalhando e continuará trabalhando como manda a Constituição com relação à demarcação (de terras indígenas)”. Com relação à situação de risco de extermínio de povos isolados no Vale do Javari, a representante do Estado disse que o Ministério Público Federal está investigando a denúncia de mortes. A Embaixadora confirmou que foram encontrados garimpeiros na terra indígena com a maior concentração de povos isolados no mundo mas não informou sobre qualquer medida que o governo esteja tomando frente ao cenário de invasão e conflito.

Acesse o pronunciamento do Secretário Executivo da RCA Luis Donisete Benzi Grupioni na ONU

Acesse o pronunciamento de Voninho Benites da Aty Guasu Guarani e Kaiowá

Acesse a réplica da Embaixadora do Brasil na ONU Maria Nazareth Farani Azevedo

CARTA ABERTA DOS WAJÃPI SOBRE O DECRETO DE EXTINÇÃO DA RENCA

Nós Wajãpi moramos no Estado do Amapá, na Amazônia, no norte do Brasil. Uma grande parte da nossa Terra Indígena está localizada na área da Reserva Nacional do Cobre e Associados (RENCA), que o presidente Temer quer abrir para a mineração através do decreto nº 9142/2017. Nós estamos fazendo esse documento hoje para agradecer todas as pessoas do Brasil e do mundo inteiro que estão nos apoiando na luta contra esse decreto e em defesa da conservação da floresta. Queremos pedir que continuem lutando do nosso lado, e que nos ajudem a conseguir cada vez mais aliados.
Nós Wajãpi temos uma cultura muito forte, que queremos continuar valorizando e transmitindo para nossas gerações futuras. Nós sabemos nos pintar, sabemos cantar e fazer festas, sabemos educar nossas crianças, cuidar do nosso corpo, preparar nossos alimentos, produzir nossos utensílios, plantar, cuidar da terra, caçar, cuidar da floresta, pescar, cuidar dos rios, respeitar os nossos donos e os donos da floresta. Nossa vida depende da vida da terra e da floresta.
Na década de 1990, lutamos muito para conseguir demarcar a nossa Terra Indígena, expulsando os garimpeiros que estavam poluindo nossos rios, destruindo a floresta e transmitindo doenças que mataram muitos de nossos parentes.
Nós Wajãpi temos nossa própria organização política, que deve ser respeitada. Somos de vários subgrupos diferentes, vivendo na mesma terra. Temos muitas aldeias e muitas famílias, cada uma com seu chefe. Não temos um cacique geral que decide por todos. Quando precisamos decidir coisas importantes, tomamos decisões coletivas nas assembleias dos representantes de todas as aldeias, onde buscamos construir consensos. Temos três organizações representativas que ajudam os chefes a dialogar com o governo e outros grupos sociais.
Conhecemos nossos direitos e o direito de sermos consultados sobre decisões governamentais que nos afetam, garantido pela Convenção 169 da OIT. Nós Wajãpi fomos o primeiro povo indígena do Brasil que elaborou um protocolo próprio para orientar o governo sobre a maneira correta de realizar essa consulta prévia, livre e informada. Mas não fomos consultados pelo governo Temer sobre esse decreto que abre a nossa região para a exploração mineral.
Somos contra a mineração porque queremos defender a terra e a floresta. No nosso conhecimento, a terra também é gente. Ela tem seus pelos, que são a floresta; tem seu sangue, que é a água; tem seu coração, que são os minérios; e tem seu pulmão, que são as cavernas. A terra tem vários pais, que são os ventos, e um deles é o vento forte e bravo que castiga quem faz mal para sua filha. A terra cuida dos animais, dos peixes, dos seres humanos, da floresta, dos pássaros, dos rios e do dono dos rios, do dono dos animais, do dono dos pássaros. A terra guarda remédios do mato, guarda os rios, riquezas, ventos. Guarda os cadáveres da humanidade, guarda histórias narradas pelos Wajãpi e por outros povos, guarda vestígios de todas as gentes. Ela produz comida para os humanos e para outras gentes, tem inteligência, tem habilidade de produzir muitas coisas e é muito forte. Mas a terra é mortal, sente dor como a humanidade e fica doente também.
Por isso nós Wajãpi nos preocupamos muito com a destruição da terra que os colonizadores vêm fazendo desde que invadiram a América. Se continuarem destruindo tudo para ganhar cada vez mais dinheiro, vão matar a terra e vão extinguir os seres humanos e outros seres. Estamos vendo que a destruição das florestas já está trazendo o aquecimento global e mudanças climáticas para o mundo inteiro, tempestades, secas, furacões.
Sabemos que a mineração no entorno da nossa terra vai trazer muitos problemas para nós: vai poluir as nossas águas e solos, vai contaminar os peixes, os animais e as pessoas, vai causar um grande aumento da população na nossa região, trazer conflitos sociais e doenças. Sabemos que a mineração não vem sozinha: junto com ela devem vir estradas, barragens, novos garimpos, fazendas, exploração madeireira e outras atividades econômicas que destroem a floresta. Nós sabemos que toda essa destruição nunca vai ser recuperada com reflorestamento, porque a floresta nunca mais vai voltar a ser igual. Também não queremos receber dinheiro para compensar tudo o que vai ser destruído. Para nós a vida da terra e da floresta vale muito mais do que o dinheiro.
Mas a extinção da RENCA não vai prejudicar apenas os Wajãpi. A área da reserva também inclui uma parte da Terra Indígena Paru de Leste, dos nossos parentes Wayana e Aparai, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável dos castanheiros do rio Iratapuru, o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque e outras áreas protegidas que estão entre as mais preservadas e com maior biodiversidade da Amazônia. Todas as populações que vivem na floresta usando seus recursos de forma sustentável vão ser afetadas pelos problemas sociais e ambientais trazidos pelos grandes empreendimentos minerários.
Sabemos que a grande riqueza trazida pela atividade das mineradoras fica nas mãos de poucas pessoas e que a maior parte dela é levada para fora do Brasil. Há muitos anos estamos acompanhando o trabalho de mineradoras nos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari, e estamos vendo que a qualidade de vida da população local não fica melhor quando a exploração termina. O dinheiro vai embora rápido, os moradores ficam sem emprego e outras fontes de renda, e a situação de saúde e educação continua ruim. O desenvolvimento trazido pela mineração não é um desenvolvimento sustentável.
Por isso, pedimos o apoio de todos e de todas que compartilham a nossa preocupação com a destruição da Amazônia para lutar contra a abertura da área da RENCA para a exploração mineral.

Terra Indígena Wajãpi, 19 de setembro de 2017.

Evento em Genebra discutirá a implementação das recomendações da ONU para o Brasil

Organizações da sociedade civil, entre elas a Rede de Cooperação Amazônica (RCA), realizam no próximo dia 22 de setembro, o evento “Revisão Periódica Universal do Brasil: Os Desafios da Implementação das Recomendações”, no Palais des Nations, Genebra. Trata-se de um evento paralelo durante a 36a Sessão Ordinária do Conselho de Direitos Humanos

Em maio de 2017 o Brasil passou pelo 3o ciclo do mecanismo da Revisão Periódica Universal (RPU) das Nações Unidas. Na atual sessão do Conselho de Direitos Humanos, o relatório final contendo quais recomendações foram aceitas ou não será adotado pelo Grupo de Trabalho da RPU. Contudo, desafios para a implementação efetiva das recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito da RPU ainda persistem.

Ao apresentar o relatório para o terceiro ciclo da RPU, o Brasil anexou uma tabela que mostra, de acordo com o governo, a avaliação do nível de implementação das 170 recomendações feitas ao Brasil no ciclo anterior da RPU, em 2012.O anexo, no entanto, não traz explicações sobre a metodologia utilizada na classificação. Nesse documento, o governo federal afirma ter “implementado totalmente” 60% das recomendações recebidas em 2012; estar em “processo de implementação” de 32,94%; e ter “implementado parcialmente” 4,11%. Apenas uma recomendação (0,58%) aparece como “não implementada” e quatro (2,35%) não foram avaliadas.

No período entre o segundo e o terceiro ciclo da RPU não houve a criação de um mecanismo próprio para implementação e avaliação das recomendações recebidas. O Observatório de Recomendações Internacionais sobre Direitos Humanos (ObservaDH), apesar de ser uma iniciativa interessante, falha ao cumprir o seu propósito: o de ser uma plataforma de acesso público das recomendações sobre diversos temas de direitos humanos dirigidas ao Brasil e informar a situação de cumprimento dessas recomendações.

O evento terá o objetivo de apresentar uma perspectiva da sociedade civil sobre o processo da revisão e de convidar o governo brasileiro a dialogar sobre as medidas concretas que tomará na implementação das recomendações recebidas no âmbito da Revisão Periódica Universal.

Rede de Cooperação Amazônica

A RCA tem como missão promover a cooperação e troca de conhecimentos, saberes, experiências e capacidades entre as organizações indígenas e indigenistas que a compõem, para fortalecer a autonomia e ampliar a sustentabilidade e bem estar dos povos indígenas no Brasil.